En 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador detalló que, de los 154 mil 297 contratos suscritos en 2020, el 88.3% no se sujetó a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El gobierno federal adjudicó de manera directa −sin licitar−el 78.8% de los contratos; otro 6.5% lo asignó por invitaciones a cuando menos tres personas, y en el 3% recurrió a “otras figuras”. Sólo en el 11.7% de las contrataciones totales se convocó a licitación pública, esto es, en sólo 1 de cada 10 casos, según la ASF.
El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones establece que, “por regla general”, las compras, arrendamientos y servicios se deben adjudicar a través de licitaciones públicas, con el objeto de favorecer la competencia y asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento.
Además, en el sistema CompraNet se detectaron deficiencias en el registro de los contratos suscritos en 2020, puesto que el 21.2% de los casos (32 mil 661 contrataciones) presentó al menos una de sus 24 características sin información, amén de que hubo discrepancias entre columnas en más de 18 mil contratos, por lo que la ASF urgió a establecer mecanismos que aseguren la confiabilidad y actualización de los datos contenidos en la plataforma, a fin de llevar a cabo el seguimiento del ciclo de contrataciones públicas.
En medio de la emergencia que significó la pandemia de COVID-19, la falta de procesos de licitación pública para adquirir insumos médicos generó daños al erario, pues en muchos casos –detectados por la propia ASF— hubo sobreprecios, o no se cuenta con evidencia de que los proveedores cumplieran la entrega de materiales y equipos, o bien, fueron contratadas empresas sin el perfil adecuado.
La Auditoría explicó que no existen leyes y reglamentos que permitan a la Secretaría de Hacienda supervisar adquisiciones en contextos de emergencia, garantizar la transparencia y combatir la corrupción.
“No se identificaron ordenamientos jurídicos específicos para regular y supervisar el proceso de compras y contrataciones ante situaciones de emergencia, a fin de garantizar que las condiciones de contratación sean las óptimas y que se apliquen los principios de economía, eficiencia y austeridad”, indicó la ASF en la auditoría de desempeño 39-GB.
“(Esto impidió) a la SHCP, como conductora de la política general de compras y contrataciones del Sector Público, asegurar la transparencia y seguimiento ante emergencias, debido a que no se cuenta con una definición en la normativa vigente que detalle, establezca y determine los supuestos y criterios de una contratación emergente, así como las facultades y atribuciones para operar, supervisar, dar seguimiento y vigilar dichas contrataciones, lo que provocó que no contara con elementos para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.